- III - GUERRA CONTRA LAS REFORMAS LIBERALES - 1851

1.- Poco antes de mediados de siglo, durante la administración de Tomás Cipriano de Mosquera, José Hilario López aceptó la candidatura presidencial por el partido liberal. El 7 de marzo de 1849 salió electo en unos comicios muy controvertidos. Algunos congresistas se quejaron de que durante las votaciones en el cuerpo colegiado, ya que en las elecciones populares ningún candidato obtuvo la mayoría requerida, se habían visto obligados a votar por López, ante la actitud amenazante de las barras que apoyaban a este candidato.

 

Este cargo fue utilizado por el partido conservador, un par de años después, para iniciar una insurrección alegando la ilegitimidad del gobierno. Durante la administración de López, entre 1849 y 1853, se concretaron buena parte de las reformas a las que desde años atrás aspiraban las elites criollas vinculadas con el liberalismo. Estas reformas se orientaron, fundamentalmente, hacia las estructuras fiscal y agraria del país, el problema de la abolición de la esclavitud y las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica.

 

En el campo fiscal, una de las reformas más importantes fue la supresión del monopolio estatal sobre el tabaco, que constituía la principal fuente de recursos del Estado. La ley había sido aprobada en 1848, durante la administración del presidente Mosquera, pero sólo debía empezar a regir a partir del 1 de enero de 1850. Sobre el particular, López, en su mensaje a las Cámaras a finales de abril de 1849, proponía que se estableciera una contribución que produjera lo suficiente para hacer frente a los gastos de la administración y satisfacer la deuda pública, o que se derogara la ley que abolía el monopolio del tabaco. La insistencia del Congreso en el cumplimiento de la ley, sin dotar al Estado de recursos económicos, dio lugar a la renuncia del secretario de Hacienda de López, Ezequiel Rojas, en mayo de 1849.

 

La drástica disminución de los ingresos estatales que significó la supresión de esta imposición, se agudizó debido a la cesión de varias rentas nacionales a las provincias, mediante la descentralización de las rentas públicas en abril de 1850. El debilitamiento del Estado introducido mediante el desmonte de sus ingresos reflejaba las ideas federalistas del liberalismo.

 

En lo que tiene que ver con la tenencia de la tierra, durante la administración del presidente López se terminó el proceso de disolución de los resguardos indígenas, iniciado en los primeros años de la independencia, al levantarse en 1850 todas las prohibiciones para la venta de los resguardos. La medida benefició a la elite agroexportadora, ya que favoreció el desplazamiento de mano de obra indígena hacia las áreas productoras de tabaco. Significó, igualmente, el aumento en el precio de los productos agrícolas para el consumo interno, por cuanto buena parte de la producción indígena en los resguardos había alimentado este mercado a bajos costos.

 

La abolición de la esclavitud fue otra de las importantes medidas que entró en vigencia durante esta administración. La libertad de partos, o de vientres, había sido decretada por el Congreso de Cúcuta el 21 de julio de 1821; sin embargo, las resistencias contra la medida, especialmente en el Cauca, donde la dependencia de la mano de obra esclava era significativa, dilataron su puesta en práctica. Bajo la administración López, a pesar de que la oposición a la medida se mantenía, el presidente sancionó, el 21 de marzo de 1851, la ley que declaraba libres a los esclavos nacidos después del 21 de julio de 1821, y regulaba las indemnizaciones a pagar para la liberación de los esclavos nacidos antes de esa fecha.

 

Esta medida, al igual que algunas de las leyes anticlericales adoptadas bajo su administración, básicamente la expulsión de los jesuitas, la supresión del fuero eclesiástico, la abolición de los diezmos y la elección popular de los párrocos, fortalecieron la oposición al gobierno[1]. Adicionalmente, los conflictos entre las sociedades democráticas, que habían florecido bajo los auspicios del gobierno, se agudizaron.

 

(“Presidente de la Nueva Granada – General José Hilario López”.

Internet:http://web.presidencia.gov.co/asiescolombia/presidentes/10.htm).



[1] La llamada cuestión religiosa, fue suscitada por el decreto del 18 de mayo de 1850 que expulsaba a los jesuitas de la Nueva Granada, medida que se justificó en una pragmática de 1767. El gobierno expidió después la ley que sustraía de los tribunales eclesiásticos el conocimiento de los juicios seguidos a los arzobispos y obispos por mal desempeño de sus funciones, y la que atribuía a los cabildos el nombramiento de curas párrocos. Esto produjo la protesta del arzobispo Manuel José Mosquera quien, en compañía de otros prelados fue enviado al destierro.